Partidos provinciales: de la negociación y resistencia a la atomización.

Las constantes crisis de las finanzas provinciales y, por ende, la mayor dependencia de los recursos originados en la coparticipación federal, redujo la capacidad de las élites provinciales reunidas en los partidos locales frente a los agrupaciones con carácter nacional y, especialmente, frente al oficialismo de turno.

 

Especialmente durante los dos últimos años del menemismo, en varias provincias se produjeron fenómenos económicos similares:

● Aumento del empleo público municipal y provincial.

● Crisis en las finanzas subnacionales.

● Emisión de cuasimonedas (bonos), especialmente en el período 1997-2002.

● Crisis socioeconómicas, derivadas de la dependencia del empleo estatal.

● Cortes de rutas (piquetes, modo de protesta aún vigente)

● Paros de empleados públicos, especialmente de los docentes, con duración indefinida.

Estos fenómenos, sin duda, fueron moldeando la oferta política provincial hasta configurar el mapa que vemos hoy.

Los partidos provinciales

Originados en distintos momentos de nuestra historia, algunas desde la reforma electoral de 1912 (Autonomistas y Liberales en Corrientes) o desde la aplicación de la Ley Sáenz Peña (como el Bloquismo en San Juan); otros, en el período posterior al golpe de 1955 (Neuquén) o en 1983 (Chaco, Tucumán), todos se caracterizaron por intentar resistir con mayor o menor grado de éxito, tanto al radicalismo como al peronismo. 

Las agrupaciones políticas provinciales tuvieron un destino común a lo largo de los años noventa: su gradual atomización como opción electoral. Paulatinamente, fueron perdiendo poder frente los representantes locales de los partidos nacionales y reduciendo su capacidad de negociación frente al gobierno federal al perder diputados y senadores.

Desde el retorno de la democracia, en 1983, han tratado de conservar su cuota de poder, resistiendo en las legislaturas locales e intendencia o en el marco de alianzas electorales frente al radicalismo primero y frente al peronismo después.

En algunos casos, se impusieron por un período en el poder, aprovechando las crisis temporales del aparato justicialista provincial. Son los casos de Tucumán, Chaco y Salta. En las tres provincias, coinciden en su origen exfuncionarios de la última Dictadura (Fuerza Republicana en Tucumán, Acción Chaqueña en Chaco) o con una orientación que podríamos clasificar como conservadora (Partido Renovador en Salta). Entre sus filas, habían dirigentes con experiencia en la gestión pública pero vinculados a Onganía y Lanusse o al Proceso de Reorganización Nacional. Este conflictivo pasado, no fue un factor que influyera de manera definitiva en una figura política provincial o nacional.

Otro golpe a la capacidad de negociación de las fuerzas locales fue la reforma constitucional de 1994, donde se quitó a las legislaturas locales la capacidad de elegir a los representantes de la provincia en el Senado de la Nación.

Cambios de signo hacia una hegemonía justicialista

Las crisis socioeconómicas de los estados provinciales llevaron, en algunas provincias, al cambio de signo político.

Córdoba, radical desde 1983, pasó a manos del PJ en 1999 y allí se quedó, dando inicio al delasotismo: una provincia productiva, gobernada por el peronismo pero con preferencias electorales diferenciadas al oficialismo nacional desde 2013. En la actualidad, el frente Hacemos por Córdoba (una alianza de 12 partidos, la mayoría de distintas ramas del justicialismo), lidera las elecciones, con un poco más de cercanía al peronismo nacional.

En Catamarca, en cambio, con una crisis derivada de un asesinato que conmocionó al país (caso María Soledad Morales) y que marcó los primeros años de los ‘90, pasó a manos del radicalismo, hasta el 2011.

El caso de Corrientes fue diferente. La provincia sufrió dos intervenciones federales durante el período a raíz de situaciones distintas. En la primera, se manifestó la incapacidad de la oligarquía política tradicional (Pacto Autonomista Liberal) de conservar el poder frente a las presiones del poder central (1993). La segunda intervención,  entre 1999 y 2001 se dio a partir del desmoronamiento completo de las finanzas correntinas y una crisis socioeconómica derivada de la absoluta dependencia del empleo público. A tal grado era la dependencia, que para el pago de los sueldos estatales, requerían los adelantos de ATN (Adelantos del Tesoro Nacional) girados desde el Ministerio del Interior.

La excepción notable es Neuquén, donde el Movimiento Popular Neuquino (MPN) se mantuvo en el poder y no ha sido derrotado electoralmente desde 1983, recuperando, incluso, el poder en la ciudad capital en las elecciones de 2019 y dominando el Concejo Deliberante de la misma en 2021. Recordemos que el MPN, originalmente, fue una fuerza neoperonista, surgida principalmente para evitar ser proscrita en la década del ‘60.  Hasta el momento, ha resistido intentos directos del peronismo (tanto del menemismo y como del kirchnerismo) y del radicalismo y aliados desde la capital provincial.

Tanto Chubut como Río Negro, fueron gobernadas por el radicalismo desde 1983 hasta finales de los años ‘90, cuando pasaron a ser gobernadas por el PJ y sus aliados. Crisis internas y fraccionamientos dentro del peronismo no han bastado para que se produzcan cambios en el dominio justicialista de la Patagonia.

Tierra del Fuego, desde su provincialización, ha gravitado en torno a agrupaciones locales, muy influenciadas por los vaivenes del gobierno nacional y de su vecina del norte, Santa Cruz, dominada ininterrumpidamente por el justicialismo desde 1983.

Otro fenómeno es el gobierno exclusivo del justicialismo en las provincias de La Pampa, Formosa, La Rioja, San Luis y Santa Cruz desde 1983. En paralelo, el peronismo  local aporta la baja intensidad democrática de las Cartas Magnas de provincias donde gobierna al habilitar la opción de reelección indefinida del gobernador (Santa Cruz, Formosa y Catamarca).

Salta, actualmente dominada, por una fuerza local con muchos contactos con el gobierno nacional, habilita dos periodos después del primer mandato de un gobernador. 

Una señal preocupante de la pobreza en las condiciones electorales, se ha dado en la provincia de San Juan (fenómeno de “cancha inclinada” electoral) con el regreso de la herramienta favorita del justicialismo, la ley de lema, donde las ventajas las dispone el oficialismo al competir en las elecciones locales (legislación, calendario, circunscripciones, etc.).

Una singularidad dentro del esquema provincial la constituyen Santa Fe y Mendoza. Los textos constitucionales en ambos casos, no habilitan la reelección inmediata del gobernador, abriendo el juego electoral. Desde la vuelta a la democracia, los mendocinos han alternado del justicialismo al radicalismo en sucesivas oportunidades, actualmente conviven varios liderazgos del radicalismo con un kirchnerismo que se sostiene como primera minoría electoral. La fuerza provincial, encarnada en el Partido Demócrata, puso varios gobernadores (e interventores) en funciones y terminó aliado a Juntos por el Cambio. El caso santafesino fue más propio de un interregno. El Partido Socialista, con base electoral y territorial en Rosario, pudo a través de alianzas derrotar al peronismo que había suprimido la ley de lemas en la provincia. Después de 12 años de gobierno, con un desgaste interno y amenazado por la inseguridad, la provincia en 2019 vuelve al redil del PJ. Su experiencia ha sido parecida a la de Chaco y Tucumán, pero más extendida en el tiempo. La incapacidad de sostenerse en el poder, una vez más, facilitó el regreso del justicialismo.

La provincia imposible: Buenos Aires.

Treinta años de gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires. Describir la vida electoral de la provincia de Buenos Aires es para un libro completo (spoiler: hay). 

En 1983 el justicialismo fue superado por la ola alfonsinista, pero no se pudo sostener en 1987.

Es imposible resulta gobernar el país sin la provincia de Buenos Aires y la Alianza había fallado en 1999. Cambiemos logró un resultado aparentemente imposible: derrotar al aparato peronista y a su candidato, Aníbal Fernandez. María Eugenia Vidal soportó las chicanas y burlas de un rival que hasta para sectores que acompañan al peronismo era un impresentable. Vidal se impuso con el 39,62% de los votos, rompiendo los 28 años de hegemonía y convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la provincia.

A pesar de un éxito político notable, como la limitación de las reelecciones municipales, el desgaste del gobierno nacional arrastró a la gestión de Vidal e imposibilitó su reelección. Los “barones del conurbano” ubicaron a una de los propios como vicegobernadora (Magario) y, ya en la gestión Kicillof (2019), se reformó a su gusto esta norma.

Necesidades básicas insatisfechas para un elevado porcentaje de la población conviven con localidades de alto nivel adquisitivo; electorados cautivos con partidos dominados por el aparato político justicialista desde 1983 frente a votantes refractarios al peronismo en interior de la provincia, todo esto salpicado con el avance de la violencia ligada al narcotráfico en el conurbano.

Hacia dónde vamos

Por múltiples razones políticas, sociales y económicas, en los últimos 40 años, hemos asistido a una reducción notable del peso de los partidos políticos provinciales. Esto se materializa en la disminución de cargos nacionales, provinciales y municipales ocupados por estas agrupaciones locales. La salida que encontraron, en la mayoría de los casos, fue la integración a alguna de las vertientes provinciales de las alianzas de proyección nacional. Así, tenemos a Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, una especie de bipartidimo nanocompuesto con objetivos electorales. La historia nos viene mostrando que, llegados al poder, el reparto de cargos y funciones dificulta la gestión o legislación debido a las internas (de los «múltiples peronismos» en el caso del FdT) y la inequidad en el reparto (JxC). No se trasciende la alianza electoral para alcanzar una alianza de gobierno. En el medio, el ciudadano queda flotando entre la decepción por falta de representatividad y la impotencia por las decisiones que no responden a su «partecita» de la gran alianza.

El futuro de las agrupaciones provinciales es incierto. Queda claro que la capacidad de alcanzar objetivos propios de un partido político está en riesgo y la que está amenazada es su propia existencia. Queda planteado el desafío.

 

Esta nota forma parte de la segunda entrega del ensayo  «La larga agonía de nuestra democracia» / Emilio Pimienta – Sil Mann